A días de la formalización: la importancia del caso Sartor para el compliance

El pasado 9 de julio, a solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago finalmente fijó para el próximo jueves 30 de julio la audiencia de formalización de once ejecutivos vinculados a Sartor Administradora General de Fondos S.A. (Sartor AGF) por delitos de estafa, administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude a la omisión de OPA. La causa penal -que ya acumula casi dos decenas de querellas- se perfila como una de las primeras aplicaciones a gran escala de la Ley N°21.595 de Delitos Económicos (Ley N°21.595).

Así, la formalización del próximo 30 de julio iniciará una de las primeras aplicaciones a gran escala de la Ley N°21.595, lo que permitirá observar cómo el Ministerio Público y los tribunales comienzan a interpretar y aplicar el nuevo régimen de delitos económicos. Especialmente relevante será conocer cómo operará en la práctica el nuevo sistema de determinación de penas (notoriamente más estricto que el régimen anterior), particularmente respecto de delitos patrimoniales y de aquellos cometidos en el contexto de una actividad empresarial.

Asimismo, este caso podría entregar las primeras señales sobre la forma en que serán evaluados los conflictos de interés, los deberes de diligencia y lealtad de directores y ejecutivos, así como los estándares probatorios exigidos para acreditar conductas de administración desleal, figuras que hasta la fecha han tenido una aplicación bastante limitada en la jurisprudencia nacional.

Respecto a los Modelos de Prevención del Delito, será interesante observar si son considerados únicamente como antecedentes de gestión corporativa o si, por el contrario, se les reconoce un valor concreto al momento de analizar la adopción de medidas de control, la detección temprana de riesgos y la actuación diligente de los órganos de administración. En este sentido, el caso podría transformarse en un referente para evaluar cuáles son los estándares mínimos en estos modelos.

Por estas razones, el caso Sartor AGF no solo será relevante para las partes involucradas, sino también para empresas, directores, gerentes y Compliance Officers, quienes seguirán de cerca los criterios que comiencen a consolidarse respecto de la responsabilidad penal en el ámbito corporativo y la efectividad de los programas de compliance en Chile.